El 30 de diciembre de 2024 se iba a aprobar una ley la cual obligaba a empresas productoras a no utilizar materias primas procedentes de tierras deforestadas y que no respetasen los derechos humanos. Sobre el papel bien.

Ante la dificultad de implantar esta regulación a efectos prácticos, la Comisión Europea dio un plazo de 12 meses a las empresas para adaptarse y cumplir con esta nueva regulación. Hoy, nuevamente hay que pisar el freno y paralizar esta norma ante las dificultades que se presentan para su cumplimiento.

Las empresas europeas alegan que no pueden soportar más regulaciones y que estas las hacen menos competitivas que sus competidores asiáticos y norteamericanos. Obtener una información real y fiable de la trazabilidad del café, soja, carne de vacuno o aceite de palma, entre otras, imposibilita el cumplimiento de esta nueva ley. ¿Será verdad?

Lo que sí es cierto es que Bruselas está frenando o directamente metiendo la marcha atrás en diferentes propuestas de ley con un fondo directamente «verde«. El fin primero parece ser simplificar la ya enorme carga burocrática que tienen las empresas en nuestro territorio. Aunque el fondo real bien podría ser: Un exceso de regulación hace que nuestra economía sea menos competitiva que las de otros países.

Sea como sea la decisión de dar marcha atrás en esta ley coincide en el tiempo con las tensas reuniones que nuestra Comisión mantiene con Indonesia (mayor exportador de aceite de palma del mundo) y con EEUU, cuyas laxas normas medioambientales nada tienen que ver con las nuestras.